Pero OSE apeló el fallo del Juez Recarey
No hay ningún tipo de justificativo para que el llamado proyecto Neptuno siga su curso. Así lo manifestó el comunicado difundido el pasado jueves por el Movimiento “Por un Uruguay Sustentable”. La misiva acompaña y reafirma el fallo del juez Alejandro Recarey que hace más de 20 días impidió a la Administración de Obras Sanitarias del Estado (OSE) firmar el convenio por el proyecto que se iba a realizar en la ciudad de Arazatí y que, desde sus comienzos, nunca dejó de ser polémico.
Respondiendo a este fallo, dicho organismo, presentó su apelación para levantar la resolución y así avanzar en el acuerdo con el consorcio de empresas privadas interesadas en construir la planta desalinizadora en la localidad mencionada. OSE argumentó que es necesario otro suministro de agua para el país, luego de atravesar una de las peores sequías de su historia.
Desde Uruguay Sustentable exponen que dos miembros del directorio de OSE, firmaron una resolución que destina una suma millonaria para el pago de las obras del proyecto Neptuno, que cuesta menos que la cuarta parte asignada. Ante una solicitud de acceso a la información, para conocer los estudios económicos y financieros realizados por OSE para determinar dicho monto, la respuesta fue el pliego licitatorio. En dicho pliego la empresa proveedora se adjudica la potestad de solicitar las cifras para el proyecto. Aquí el comunicado:
“Por qué no debe aceptarse el proyecto de ARAZATI
“Se necesita contar con una segunda planta potabilizadora para el sistema metropolitano, pero OSE carece de estudios técnicos, económicos y ambientales que justifiquen la localización, el costo y la conveniencia de instalar una toma de agua alternativa para el sistema metropolitano en Arazatí”
“Eso se desprende de los informes de la propia OSE, producidos en respuesta a pedidos de acceso a la información pública realizados por MOVUS, que dejan en evidencia como la OSE carece de estudios de fuentes alternativas al Río Santa Lucía para el abastecimiento de agua a la zona metropolitana”.
“En especial la OSE no pudo presentar ningún estudio que pueda justificar la elección, hecha por el consorcio proponente, de la zona de Arazatí, para ubicar la toma de agua del sistema”.
“En el tema económico, OSE tampoco pudo presentar ningún informe económico financiero que justifique la reserva de US$ 810 millones para el pago del proyecto, lo que se hizo por la resolución del directorio 1042/2023”.
“Así podemos decir que no existe justificación económica ni financiera para el pago de más de 800 millones de dólares por una obra cuyo costo, de acuerdo con lo informado por el proponente, no supera los 250 millones”.
“En ese sentido expresamos nuestro beneplácito por la sentencia en primera instancia de no innovar en el tema de la “Iniciativa Privada” para instalar una toma de agua y planta potabilizadora en la zona de Arazatí”.
“A nuestro entender en la sentencia se expresan sólidos argumentos respecto a la ilegalidad e inconstitucionalidad del proyecto. A eso se suma la inconveniencia ambiental del sitio elegido por el consorcio proponente, ahora adjudicatario de la obra. Sobre eso el dictamen de la academia es unánime”
“En nuestra opinión el Directorio de OSE ha actuado en contrario de los mejores intereses de OSE, del Uruguay y de los uruguayos”
“11 de julio de 2024, Movimiento por un Uruguay Sustentable”
*Foto de Portada: Redes org.uy