Por Victoria Camboni-10 de noviembre de 2021
Llegó el día. Fue el lunes 8 de noviembre. La escritora Mercedes Vigil, y su par, Eduardo Abenia, entregaron una carta al presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, donde solicitaron la liberación de los “presos políticos” de Domingo Arena. Ambos se acercaron hasta la Torre Ejecutiva, a cuya principal puerta de acceso, organizaciones sociales y ciudadanos expresaron su rechazo con carteles y duras declaraciones a los medios.
Sobre las 17 horas, la dupla, representando al grupo autodenominado Foro de Montevideo, arribó a Presidencia, en Plaza Independencia de Montevideo. Según dijo Vigil a los medios locales, también estaría firmada por integrantes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. Sobre la vereda de enfrente y en simultáneo, en la plaza pública, un grupo de personas repudiaron el pedido, que tacharon de “moralmente inaceptable”.
“Es un tema de dignidad; no solo por mi familia, sino por todas las demás es que estamos acá”, remarcó Lucía Rezzano, familiar de víctimas de los represores, en rueda de prensa. Mientras, que Vigil, y Abenia, en el despacho presidencial, señalaron a Lacalle Pou que “es hora de un acto de grandeza”, y que hay que “liberar” a “esos militares” que son “un montón de soldados”.
Los ‘pacificadores’, en un mano a mano con el primer mandatario, pidieron “que se ponga fin” a la “injusticia” que padecen los represores, que fueron juzgados y condenados, pero que aún a sabiendas del dictamen judicial, el grupo llama “soldados septuagenarios”, que “actuaron llamados a defender las instituciones”.
“Allí estamos presos todos, está presa nuestra Democracia”, reclama la misiva que el mandatario sostuvo en sus manos. “Libérelos y libérenos, Sr. Presidente”, agrega. Los firmantes, dicen, además, que, al mantener en la cárcel a estos delincuentes, no se reconoce la voluntad soberana de la población. Esto viene a colación de lo que sucedió en torno a la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Esta ley fue aplicada por referéndum en 1989, a la salida de la dictadura (con todo el miedo que conllevaba votar en contra de terroristas que habían cometido delitos de lesa humanidad contra cientos de ciudadanos). En 2009, frente al nuevo pedido de referéndum para derogar esta ley, la votación, que alcanzó el 47%, no llegó a la mayoría absoluta del 50% más un voto, necesarios para alcanzar dicho objetivo.
Dice la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) en un comunicado emitido en 2020: “La ley de caducidad fue finalmente declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia y luego derogada por la ley 18.831 restableciendo de este modo el derecho a la justicia tan largamente negado”. Y agrega: “La Constitución uruguaya considera los derechos fundamentales como inherentes a la persona humana y las convenciones internacionales que ratifica el Estado se incorporan a la misma e integran el derecho aplicable, sin necesidad de reglamentación alguna”.
Pese a las sentencias judiciales, pese a la INDDHH, pese a las víctimas de los horrores que esos ‘viejos soldados’ cometieron sobre los cuerpos y humanidades de tantas personas, Vigil se mantiene inquebrantable, y asegura que el mandatario tiene “la altura necesaria para dar solución” a lo que llamó “la grieta que padece Uruguay”. Este país tiene que “dar vuelta la página”, afirma.
Repercusiones de la reunión
Luego de la reunión, el grupo de firmantes difundió un comunicado, donde expusieron sus impresiones. “Pensamos que estamos en buen camino”, expresaron; el mandatario “dio muy claras muestras de conocer el tema en detalle, tanto los planteos de la carta, como los pormenores involucrados”.
Lacalle Pou “dio muy claras muestras de conocer el tema en detalle, tanto los planteos de la carta, como los pormenores involucrados”, indicaron. “Esperamos haber aportado algún punto de vista, que quizás no había considerado, capaz de arrojar luz sobre un tema tan delicado”.
Una víctima de la dictadura
Lucía Rezzano, es una mujer que padeció los golpes de la dictadura en su propia familia: “Mi abuela fue asesinada en un allanamiento, no era militante. Mi abuelo era coleccionaba armas. Era sexagenario, ya que hablamos de gente mayor; mi abuelo sexagenario, fue secuestrado, torturado salvajemente, y le mataron a su esposa”, contó en rueda de prensa, frente a la entrada principal de la Torre Ejecutiva.
“Esta es la otra realidad. Hay muchas más realidades e historias detrás de esto. De civiles que han sido violentados, que han sido secuestrados, que han sido torturados, que han sido desaparecidos, militantes o no militantes, pero estamos hablando de civiles desarmados contra militares, en este caso de mis abuelos”, contó.
“Del batallón número 4, hay testimonios de testigos, que me han llegado, apellidos: Braga, Bobadilla, Barrios. Andrés Barrios alias el ‘Zorro’, fue llamado a declarar el año pasado, y solamente se le cerraron las fronteras, así como entró al juzgado de Maldonado, entró y salió. El doctor que atendió a mi abuela y le hizo una autopsia se llamaba Scasso, no sé si vive, pero hay muchos más responsables. Incluso hay desaparecidos en Maldonado, hay otras personas que fueron torturadas en Maldonado”, agregó Rezzano, mientras sostenía dos carteles en las manos con los nombres de sus abuelos, uno torturado, y la otra asesinada en plena dictadura.
“Estamos en contra de la prisión domiciliaria, consideramos que ellos tienen todas las garantías que no tuvieron nuestros desaparecidos, ni nuestros familiares, y que deben continuar presos por crímenes de lesa humanidad”, reclamó, junto a integrantes de Plenaria Memoria y Justicia, y Memoria y libertad, este último grupo formado por quienes fueron niñas, niños y adolescentes, víctimas de la dictadura.
Memoria y libertad
Cuando Presidencia cerró sus puertas, dejando afuera a los activistas que mantenían en alto carteles con frases de repudio al pedido de los escritores, y mientras algunos fotógrafos y periodistas aguardaban el final de la reunión, la respuesta de Victoria Sequeira, del colectivo ‘Memoria y libertad’, a la solicitud de liberación de los presos de la cárcel de Domingo Arena, fue sentida y contundente.
Sequeira expresó a Antimafia Dos Mil su interpretación de lo que estaba aconteciendo: “Primero interpretamos que esta señora, que es muy corta, es imposible que sea ella sola la que está pensando en esto. Se notan hilos de políticos que piensan mucho más las estrategias. Son estrategias iguales a las del proyecto de Cabildo Abierto*, son estrategias para liberar a los violadores de Derechos Humanos, durante el terrorismo de Estado en Uruguay. Lo hacen por todas las vías, han intentado de un modo, o de otro. Lo vimos a Lozano el otro día, hablar en un programa de televisión y no tienen argumentos reales”.
“El proyecto de ley llega tarde, después de casi terminada la pandemia. Esto, llega tarde también, porque está muriendo esa gente, y casi todos, en su casa. Y la gente que tiene prisión, es porque muchos, además, se han fugado. Hemos asistido a extradiciones de militares o policías o civiles, que son cómplices de este terrorismo de Estado; han sido cómplices acá, y se han fugado y han vivido durante años en el exterior”.
“No nos parece que haya lugar a este planteo. Además, vuelvo a repetir, son cientos de ellos, pero tenemos 24 en cárceles y 14 en prisión domiciliaria; no entendemos de qué estamos hablando, las víctimas de estos señores”.
“Quiero saber si a la hija de Mercedes Vigil, si es que tiene, la viola un señor, ¿qué va hacer si yo pido que lo liberen a ese señor cuando está encarcelado?”.
“Que reflexione, ese es mi mensaje. Porque de eso hablamos, de violaciones a mi madre, a mi padre, secuestro; hablo en lo personal, porque estamos en forma individual”.
“Silveira (Jorge “Pajarito”, ndr) era una de las personas que violaba sistemáticamente a mi madre. Mi madre está muerta desde el año 98, a raíz de las graves consecuencias de las torturas. Eso es lo que me inspira todo esto. Asco, repulsión, dolor, muchísimo dolor”.
“Queremos que dejen de hablar de los plebiscitos, porque los dos plebiscitos, acá se ganaron y reafirmaron la ley de impunidad cuando el pueblo no sabía absolutamente nada de lo que sabemos hoy. Que han aparecido cuerpos, han aparecido fosas comunes, etcétera. Se han probado delitos, hay que cortar con lo de presuntos autores. No, la gente que está condenada, está condenada por el Poder Judicial y hay que confiar en él”.
“Así como (el Poder Judicial, ndr) deja que pasen años sin ser juzgados los señores, haciendo declaraciones de inconstitucionalidad de la ley que los juzga, y nosotros aguantamos, ellos tienen que aguantar que los que son procesados, están procesados porque hay muchas pruebas que lo demuestran. Son mujeres que fueron abusadas sexualmente, por ejemplo, hay 28 mujeres en este momento que están hace 11 años en denuncias, y no pasa nada. No obtienen absolutamente ningún resultado de la Justicia”.
“Seguimos los procesos judiciales, y esos señores están además en cárceles de lujo. Con las garantías a sus derechos humanos, mucho más que las cárceles comunes. No entendemos de lo que estamos hablando, eso es lo que pasa. Los lees, los escuchas y decís ¿de qué, estamos hablando?”.
“No hay liberación posible para asesinos, violadores, secuestradores, gente que ha desaparecido. Robo de niños, abuso sexual en niños. Somos víctimas directas del terrorismo de Estado, siendo niñas, niños y adolescentes”.
“No estamos de acuerdo, ni siquiera con la prisión domiciliaria, cuando la mayoría de estos asesinos están con prisión domiciliaria. De hecho, tenemos la última muestra, Gavazzo murió en su casa”.
“A donde vayan vamos a ir a protestar”, concluyó.
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*El partido Cabildo Abierto, a través de sus representantes en el Parlamento, presentaron en agosto de este año un proyecto de ley que plantea el retiro de las cárceles de las personas mayores de 65 años, que representan unas 100 personas; en Domingo Arena son todas personas mayores.
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*Foto de portada: Antimafia Dos Mil
*Foto 2: ladiaria.com / Ernesto Ryan
*Fotos restantes: Antimafia Dos Mil